TAPA DEL DÍA El Gobierno nacional presentó este lunes ante la Justicia federal una denuncia penal de 20 páginas por la divulgación de audios que podrían haber sido grabados en la Casa Rosada y que involucran a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei. La causa, que recayó en el juez Julián Ercolini, solicita medidas cautelares, allanamientos y secuestro de dispositivos tecnológicos. Entre los señalados en la denuncia se encuentran Franco Bindi, abogado ligado a agentes de inteligencia y pareja de la diputada Marcela Pagano, Jorge Rial, el empresario y hombre fuerte de la AFA Pablo Toviggino, y el periodista Mauro Federico. El Gobierno acusa a estos actores de integrar un entramado destinado a desestabilizar al Ejecutivo y condicionar el proceso electoral. Según el texto presentado ante la Justicia, la operación incluye vínculos con un grupo denominado “La Compañía”, presuntamente integrado por residentes rusos, con el objetivo de desarrollar campañas de información, desinformación e influencia contra el Estado argentino. Además, se destacan posibles conexiones con Irán y Venezuela, y se advierte que la maniobra podría haber afectado indicadores políticos y económicos claves. La denuncia sostiene que los audios se difundieron estratégicamente en un contexto cercano a las elecciones legislativas, con el fin de influir en la opinión pública y generar alarma social. Se describe la maniobra como una operación de inteligencia no institucional, ilegal y cuidadosamente planificada, que vulnera la Ley 25.520 y constituye un ataque sin precedentes a la vida política argentina. El Gobierno solicitó el allanamiento del canal de streaming Carnaval, desde donde se difundió el material, y requirió información a distintos organismos y empresas tecnológicas. Además, advierte que los actos denunciados forman parte de un esquema más amplio de desestabilización que involucra a sectores de la oposición kirchnerista. La denuncia subraya la gravedad de la situación, al considerar que parte de las grabaciones podrían haberse realizado dentro de la Casa Rosada, vulnerando la inviolabilidad de la sede del Poder Ejecutivo y comprometiendo la confianza ciudadana en las instituciones. Se trata de una causa que, según expertos legales consultados, podría tener un impacto directo en la percepción pública sobre seguridad institucional y sobre los próximos comicios legislativos, al exponer un entramado de espionaje, chantaje y manipulación mediática. TAPA DEL DÍA